Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, de 5 de mayo de 2005, se aprobó el denominado "Plan de Actuación Específico para Soria", con el objetivo de impulsar el desarrollo de esta provincia tanto desde el punto de vista social como económico. Entre las actuaciones previstas en el Plan se encuentra la creación del Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA), dependiente del CIEMAT y dedicado a la investigación, formación y divulgación del Derecho Ambiental.
El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas como organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, tiene como finalidad, desde una realidad multidisciplinar, la consecución de los objetivos de política energética y medioambiental, a través de la investigación y el desarrollo de procesos productivos seguros y respetuosos con el medio ambiente, en íntima colaboración con las Administraciones Públicas, empresas y foros nacionales e internacionales. Dentro del CIEMAT, el CIEDA ha quedado adscrito a la Subdirección General de Relaciones Institucionales y Transferencia del Conocimiento
El Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental surge con la finalidad de establecer en nuestro país un referente internacional de investigación, estudio y desarrollo de esta rama del ordenamiento jurídico, con el fin último de disponer de instrumentos jurídicos eficaces al servicio del desarrollo sostenible y de la protección medioambiental, desde una perspectiva global y en estrecha interdependencia con los progresos científicos y tecnológicos y la justicia ambiental.
El Derecho Ambiental, es una rama del ordenamiento jurídico en la que entre sus principales características, se encuentra la interdisciplinariedad y la íntima relación con los avances científicos y tecnológicos. La vinculación entre progreso científico, regulación jurídica y protección medioambiental se hace patente en el alto contenido técnico de la legislación medioambiental y en la trascendencia de la instrumentación jurídica que se de a aspectos tales como el uso de los recursos naturales, la articulación de la política energética, los criterios del manejo de los riesgos medioambientales, la prevención, la reparación de los daños medioambientales o la participación ciudadana en la toma de decisiones, el acceso a la justicia o la lucha contra la pobreza. El objeto del derecho ambiental lo constituye una realidad social cada vez más globalizada, interdependiente y en el que los problemas medioambientales y la respuesta que especialmente se dé desde las sociedades desarrolladas, tanto desde la perspectiva social como de la tecnológica, está íntimamente relacionado con el futuro de nuestro planeta y el ejercicio de la solidaridad intergeneracional.
El progreso del Derecho Ambiental requiere un esfuerzo de acercamiento entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales, a través del desarrollo de la sociedad del conocimiento. Asimismo, ha evolucionado en nuestro país y en la escena internacional de manera vertiginosa en los últimos quince años. Su carácter transnacional y globalizador y el carácter transfronterizo de los problemas medioambientales, ha hecho que cobre una especial relevancia en la configuración futura de las relaciones internacionales, tanto desde el punto de vista geoestratégico, como en las transacciones comerciales y en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en nuestro planeta. La esquilmación de los recursos naturales no renovables y la interdependencia entre el desarrollo económico y el progreso de los más desfavorecidos, los efectos de la globalización y el compromiso con las generaciones futuras lo convierten en un instrumento de alcance global.